La implementación de nuevas técnicas para combatir eficazmente el crimen organizado, podría revaluar las garantías del individuo flexibilizando las exigencias de un proceso justo. Uno de estos métodos en la investigación penal es el agente encubierto, donde un funcionario policial, ocultando su identidad, se infiltra dentro de una organización criminal, buscando descubrir a sus miembros y obtener pruebas contra ellos. Frente a esto, los derechos fundamentales a la intimidad y a la no autoincriminación del investigado podrían desconocerse al ser posible que el agente invada su vida privada o lo induzca a declararle datos autoincriminantes, omitiendo las debidas cautelas para ello.