El actual escenario internacional en Occidente asiste a la crisis del prohibicionismo en materia de políticas de drogas. A la evidencia creciente de la inutilidad del modelo convencional de control de Naciones Unidas, absolutamente contraproducente respecto de los objetivos que se había fijado, se suma en tiempo reciente el surgimiento de iniciativas desde diversas latitudes, tendientes a la regulación de los usos del cannabis.En ese marco, resulta necesario analizar la compatibilidad de las políticas prohibicionistas con los principios fundamentales del Estado social y democrático de Derecho; de allí emergerá el debate sobre el alcance que puede tener la tutela penal de la salud pública, en perspectiva jushumanista.La experiencia uruguaya de regulación de la marihuana se ha tomado como uno de los puntos de referencia para este análisis. Al mismo tiempo, la obra se ocupa de la situación en España respecto del cannabis. Para ello, fue necesario plantear el estado de situación que emerge de su legislación penal en materia de drogas, para luego referirse a las situaciones de conflicto que hoy se desenvuelven ante los tribunales: por una parte, los recursos ante el Tribunal Constitucional contra las leyes autonómicas relativas a marcos regulatorios para los clubes sociales de cannabis, y los fallos existentes al respecto; por otro lado, las sentencias dictadas en los últimos años por la Sala Segunda del Tribunal Supremo relativas a este fenómeno asociativo, de las cuales emerge una polémica tendencia jurisprudencial, ratificada a su vez por el Tribunal Constitucional, en ambos casos con fundamentos anclados en arcaicos paradigmas, ajenos a los principios de dignidad de la persona humana, autonomía personal y derecho al libre desarrollo de la personalidad, que reconoce la Constitución de 1978.