No todos los delitos se cometen activamente; ignorar el deber ser también puede tener consecuencias penales. Pensemos en un guardia que no baja las plumas que delimitan las vías del tren, dejando que este impacte al conductor al que dejó pasar por ellas, o en los vigilantes que, ante una tromba, no abren las compuertas de una presa para liberar la presión, lo que deriva en la destrucción de esta. Ambos, ante sus respectivas omisiones, podrían tener una responsabilidad legal. Aunque estos ejemplos son claramente delitos, es importante preguntarnos: ¿hasta dónde puede considerarse que un comportamiento pasivo es penalmente sancionable? En otras palabras: ¿qué condiciones tienen que cumplir este tipo de conductas para que se puedan considerar como un delito de omisión? En esta segunda edición de Estudios sobre el delito de omisión, Enrique Gimbernat, uno de los penalistas contemporáneos más reconocidos, explica aquello que hace que una “no acción” pueda ser penada, explorando una taxonomía sobre las distintas manifestaciones e implicaciones de este tipo de delitos.