A partir de la crisis de legitimidad que sufrió la Argentina en el año 2000, se generó una toma de conciencia respecto a la necesidad de formular cambios en la relación entre el Estado y las personas; sobre la idea de repensar ciertas prácticas y los procedimientos; en este caso del Poder Judicial. De este modo, con la nueva integración de la Corte Suprema iniciada en el año 2003 se comenzó a trabajar en este sentido conformando dos comisiones de trabajo –una de Gestión y otra de Acceso a la Justicia–, desde las cuales generar políticas orientadas al mejoramiento de ello.También se creó una Oficina de Violencia Domésticapara la tramitación de estos casos. Así, en los últimos años, la acción de la misma Corte Suprema se ha mostrado mucho más activa que en los últimos años Este libro es el comienzo de un trabajo más amplio sobre el Acceso a la Justicia y sus desafíos; en el entendimiento de que debemos ir más allá del reconocimiento formal de derechos en el sistema jurídico y poner el énfasis en su efectiva realización, ya que muchas veces la consagración de un derecho en la Constitución o en las leyes, no implica que ese derecho sea una realidad. En esta dirección es que se trata de introducir algunos de los debates en torno al Estado y a las políticas públicas con el objeto de delinear un marco conceptual que permita pensar en cómo diseñar acciones concretas para ampliar el Acceso a la Justicia. A partir de allí, analizaremos el Acceso a la Justicia en tanto proceso de políticas públicas; que en muchos casos carece de un enfoque teórico práctico, un estudio sobre las consecuencias esperadas, como pueden ser los cursos de acciones posibles para generar un determinado resultado; pero también, de una reflexión analítica del proceso de implementación mismo, lo que supone además una mirada sobre el Estado mismo. Estos recortes se sustentan en una mirada desde diferentes ángulos: desde quienes son los que se consideran que deberían ofrecer servicios para resolver los conflictos; desde quienes son los destinatarios de estos servicios y, más específicamente, de estas políticas; desde el modo en que este tema es entendido. Estos tres puntos de partida son los que, analíticamente, arrojan luz sobre los recortes sobre esta temática. De este modo, se presenta un conjunto de reflexiones sobre cómo pensar una política pública para el mejoramiento de la accesibilidad a la justicia por parte de la sociedad. Lo cierto es que los resultados todavía no alcanzan, no logran solucionar los profundos problemas de acceso: todavía la gente no conoce a la justicia y, mucho menos, no confía o posee los medios para recurrir a ella. Juan Sebastián De Stefano Buenos Aires, agosto de 2013