Una de las industrias más productivas en México es la minería. Su incidencia en la economía comenzó en la década de 1990, luego de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este éxito contrasta con la destrucción del medio ambiente por la explotación a cielo abierto en la extracción mineral y el empleo de la lixiviación para separarlo de la tierra, un proceso que utiliza el cianuro como disolvente y consume enormes cantidades de agua necesarias para el consumo humano y el cultivo de la tierra; dos agravios que generan el rechazo de los pueblos afectados. Preocupado por los resultados de esta actividad, Francisco López Bárcenas, abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, expone aquí el resultado de décadas de investigación y su experiencia al acompañar a los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Cuatro son los ciclos históricos de explotación que localiza, todos en beneficio de capitales extranjeros, y para demostrarlo analiza las leyes que han regulado la actividad minera, las instituciones que el Estado ha creado para operarlas y las políticas instrumentadas en beneficio de particulares; todo desde la palabra viva, lejana de formalismos y próxima a una jurisprudencia popular, asequible a quienes defienden a diario el patrimonio natural de México.